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Amnistía Internacional, censor digital

A las tradiciones habituales en España de los primeros días de enero, como las doce uvas para darle la bienvenida o los Reyes Magos, se ha sumado desde hace unos años una nueva: la declaración alarmista de Amnistía Internacional (AI) contra los videojuegos. Una vez más, como ya ha ocurrido a comienzos de otros años, esta organización pide al Gobierno que ejerza un mayor control sobre este tipo de entretenimientos en nombre de la protección de la infancia. La asociación tiene razón cuando asegura que "las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego, no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños", pero en el resto desbarra.

AI pretende que existe una "dejación de responsabilidades" del Gobierno al poner la "protección de los derechos" de los menores en manos de las empresas de videojuegos a través de su código de autorregulación. Se equivoca de pleno. Quien debe impedir que los niños accedan a contenidos adecuados no son las empresas ni el Ejecutivo. Son los padres. Amnistía Internacional cae en ese defecto típico de muchos moralistas con ansias de control social. Creen que los ciudadanos no son lo suficientemente maduros como para discernir sobre lo que es bueno para ellos y sus descendientes. De forma prepotente, los responsables de la organización se consideran por encima del común de los mortales y pretenden quitar a los progenitores la potestad de decidir qué es bueno y qué no lo es para sus hijos.

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